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La extradición es activa si España solicita a otro Estado que devuelva al país a una determinada persona, mientras que es pasiva si es España la que es requerida por otro Estado para que le envíe a una persona a fin de ser juzgada o para que cumpla su condena.

Principio de legalidad: Sólo debe concederse la extradición por los delitos expresamente incluidos en la Ley, o no concederse por los expresamente excluidos.

El tratado de aplicación en este caso es uno de los más modernos, firmado en 2009. Uno de sus puntos destacables es que, si la persona reclamada fue condenada en rebeldía y se compromete a volver al país que la reclama, debe ser sometida a un nuevo juicio con todas las garantías.

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Representar a la víctima en las audiencias y procedimientos legales relacionados con la solicitud de extradición.

La extradición activa se refiere al proceso por el cual el Estado español, a través de sus instituciones legales y judiciales, solicita formalmente a otro país la entrega de una persona que se encuentra en su territorio y que es requerida en España para ser procesada por un delito o para cumplir una condena impuesta por los tribunales españoles.

Nuestro amplio recorrido y experiencia en el asesoramiento sobre este tipo de delitos hace que podamos garantizarle la mejor línea de defensa.

Sin embargo, es importante resaltar que la decisión closing sobre la procedencia de la extradición por delitos políticos recae en los tribunales y autoridades competentes.

3. Como abogados expertos en casos de extradición pasiva, defendiendo y representando a personas que se encuentra en España y son objeto de una solicitud de extradición de otro país. Entre nuestras labores implica:

Una vez cumplidos estos requisitos, se procede a presentar la solicitud ante la autoridad competente, como la Audiencia Nacional en España. A partir de ese momento, se inicia un proceso de revisión y estudio minucioso por parte de los jueces y magistrados encargados, quienes analizan la legalidad y cumplimiento de los principios fundamentales de la extradición, como el principio de doble incriminación y el principio de especialidad.

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■   En caso de existir razones fundadas para creer que la solicitud de extradición, motivada por un delito de naturaleza común, se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que la situación de dicha persona corre el riesgo de verse agravada por tales consideraciones.

Aunque el nivel de colaboración es más efectivo entre países de la Unión Europea y el plazo de la extradición es mucho más breve, existen motivos para denegar esta orden de extradición. En España el tribunal encargado de ejecutar una euroorden es el los Juzgados Centrales de Instrucción o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.